No se tiene memoria de algún periódico potosino que haya agravado su insolvencia económica y dejado de circular por haber publicado noticias de un asesinato en desplobado, como fue el caso de El Ciudadano (1994-1995).
El gobernador priista Horacio Sánchez Unzueta le declaró un boicot informativo y publicitario para seguir a su cuñado Luis Nava Calvillo que había renunciado a la presidencia del consejo de administración del periódico ante la negativa del director, José Alba de Santos, de aceptar su censura.
Para Nava y otros personeros que se asumen como férreos demócratas, el homicidio de Salvador Valle y su presunto asesino Carlos Lavín, no era de interés público y debía permanecer en la esfera privada; y lograron que la mayoría de los periódicos se pusieran un bozal y hasta hoy alardean que son libres y que callar es mentir.
Por sus principios, Pepe Alba se mantuvo firme a sabiendas de que marcaría el fin de su proyecto periodístico.
Las presiones de la clase pudiente y el navismo cupular, la doblez del gobernador, la intervención sesgada de la CEDH y la fragilidad del sistema de justicia, cubrieron de impunidad al homicidio.
No hubo juicio, se agotó con la revocación del auto de formal prisión dictada por la Sala de Segunda Instancia, se desestimaron evidencias y el testimonio de quienes vieron a distancia la ejecución del crimen en un camino de terracería del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
La propia familia y amigos de la víctima defendieron a ultranza al que se consideró el verdugo. ¿Cuál habría sido el móvil del asesinato que se esforzaron en ocultar?
[*Fragmento del texto de presentación del número 59 de La Corriente dedicada a Pepe Alba y El Ciudadano Potosino]